• El presidente de la patronal Ciment Català recuerda que, en paralelo, el sector afronta una fuerte inversión para cumplir la Hoja de Ruta para la descarbonización en 2030 y para alcanzar la neutralidad climática en 2050
  • Energía a precios competitivos, economía circular, normativas de compra pública verde, fiscalidad orientada a la descarbonización y simplificación de los trámites administrativos, los objetivos de la industria para 2026

La industria catalana del cemento ha cerrado el ejercicio 2025 en un contexto de mercado plano y estable, y con una apuesta decidida por la descarbonización del sector.

Esta coyuntura genera una situación llena de contrastes. Por un lado, el consumo de cemento en Cataluña suma 14 años seguidos por debajo de los 2,5 millones de toneladas, un volumen muy reducido en relación con la población, que sitúa el consumo per cápita en torno a los 300 kg por habitante y año, un 30% inferior a la media de la Unión Europea. Este nivel de consumo, en valores absolutos, es prácticamente el mismo que hace 60 años. En este período, la población se ha más que duplicado, siendo este consumo totalmente insuficiente para un país moderno y desarrollado como Cataluña.

A la situación descrita cabe añadir que las empresas catalanas fabricantes de cemento están abocadas, de lleno, a un elevado esfuerzo financiero para lograr el cumplimiento, a corto plazo, de la reducción de las emisiones de carbono impuestas por la Unión Europea para 2030, así como por el reto de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este compromiso con la protección del medio ambiente comporta inversiones para las fábricas catalanas de más de 800 millones de euros en los próximos años. Y conlleva una alta presión para el conjunto del sector, ya que aparte de la atonía del mercado doméstico, se produce en un escenario de descenso de las exportaciones, que se han reducido un 18% en el último año.

El presidente de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, en su análisis de la situación y los propósitos de la industria para el año 2026, plantea que es necesario incrementar la colaboración con las administraciones para conseguir los ambiciosos objetivos climáticos: “habría que dedicar buena parte de los ingresos derivados de la fiscalidad asociada a las emisiones de CO2 a ayudar a la industria en la descarbonización, así con alcanzar el apoyo explícito de la administración catalana y, especialmente, del gobierno central para obtener fondos europeos (Innovation funds) que generen viabilidad a los proyectos de descarbonización de las fábricas catalanas”. En este ámbito, especifica que es fundamental el acceso a infraestructuras, y pide desarrollar, rápidamente, redes para el transporte y almacenamiento de CO2 y «garantizar el acceso a energía renovable a precios competitivos».

Fernández Capo invita también a los poderes públicos a ayudar en la promoción del mercado de productos sostenibles, mediante el establecimiento de «normativas y estrategias de compra pública verde efectivas que incentiven el uso de materiales de bajas emisiones en carbono en la construcción». En la línea de compromiso medioambiental, apela al fomento de la economía circular para reducir al mínimo imprescindible el destino de residuos a vertedero y facilitar su valorización en las fábricas de cemento. En su recordatorio de necesidades del sector, advierte también que “es necesaria una decidida simplificación y agilización administrativa en la tramitación de los permisos, especialmente en los proyectos de descarbonización, y una fiscalidad ambiental alineada con estos objetivos”.