Recuperación del mercado, pero nuevos obstáculos a la competitividad
El estallido de la pandemia de la Covid-19 a principios de 2020, y las consiguientes restricciones a la actividad (confinamientos, cese o parones de los proyectos de construcción) provocó que ese ejercicio se cerrara con un significativo retroceso del mercado del cemento. Pese a que la emergencia sanitaria prosiguió durante 2021, las condiciones sociales y laborales mejoraron, lo que se tradujo en una recuperación del consumo de cemento que, a pesar de todo, todavía no alcanzó los niveles anteriores a la pandemia.
La vuelta a una cierta normalidad constituye, sin duda, la mejor noticia del ejercicio. La mejora económica general del país, aunque lastrada por unos niveles de inflación como no habíamos visto en 30 años, ha contribuido también a generar una sensación de alivio en nuestras empresas.
Pero estas buenas noticias han venido acompañadas, durante el año 2021 al que pasamos balance en esta Memoria, por otras situaciones que afectan muy negativamente a la industria cementera catalana. Y lo hacen especialmente en su línea de flotación económica, por cuanto todas ellas han derivado en un notable incremento de costes que lastran nuestra competitividad.
En primer lugar, cabe citar el desorbitante aumento del precio de la electricidad, que, desde el mes de julio, ha más que triplicado los precios iniciales de 2021 y ha situado a España como el país más caro de toda Europa (un 46% superior a Alemania, y un 150% más caro que en Francia). El proceso de fabricación de cemento es intensivo en el consumo de esta energía, que representa ya el 54 % de nuestros costes variables. Urge, pues, que las Administraciones Públicas competentes adopten medidas de control de los precios eléctricos, cuando menos para evitar que los sectores industriales queden en inferioridad con los países de nuestro entorno.
Otro frente que nos ha penalizado ha sido el incremento constante los costes de los derechos de emisión de CO2, que en 2021 pasaron de poco más de 30 euros a 80 € por tonelada. La industria cementera, por el proceso químico de descarbonatación de la piedra caliza, que constituye su principal materia prima, emite grandes cantidades de dióxido de carbono, por lo que el impacto de los costes de los derechos de CO2 resulta crítico. Y tiene también un efecto directo sobre nuestra competitividad, dado que existen países fuera del mercado de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero que no han de asumir dicho coste, lo que les permite comercializar cemento más barato en los mercados internacionales. En esta cuestión, la solución pasa por mantener la asignación de derechos gratuitos y por aplicar un mecanismo de ajuste de carbono en frontera para el clínker procedente de países fuera del mercado de emisiones.
En cuanto a la fiscalidad, también tenemos la amenaza del impuesto a las emisiones de GEH que la Generalitat de Cataluña quiere imponer al sector industrial. Para nosotros, que ya estamos en el ámbito de los ETS a nivel europeo, significaría una doble imposición. Lo que, en un mundo globalizado, pondrá a la industria del cemento catalana en una situación de difícil viabilidad.
Somos un sector comprometido en la lucha contra el cambio climático, y estamos implantando nuestra Hoja de Ruta para conseguir la neutralidad en carbono en 2050. Pero necesitamos que esta estrategia reciba apoyo desde los poderes públicos: más disponibilidad de combustibles alternativos, freno a la escalada fiscal, control de los precios de la electricidad, más inversiones para el mantenimiento y renovación de las infraestructuras. Sin este acompañamiento, existe un serio riesgo de deslocalización de nuestra actividad, hacia otras comunidades españolas o hacia países terceros, donde la normativa convierte en más viable y más económica la producción de clínker y cemento.
