La ronda de contactos con altos cargos de la Generalitat que Ciment Català ha mantenido este pasado mes de enero, y que se prevé que continúe en los próximos meses, concluyó el día 11 con la sesión de trabajo que tuvo lugar en el departament de Territori con el conseller, Juli Fernàndez, y el secretario general, Joan Jaume. Los representantes de la Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, el presidente de la entidad, Salvador Fernández Capo, y la vicepresidenta, Carmen Díaz, pusieron de manifiesto la necesidad de que la administración autonómica incremente la inversión en infraestructuras para que el país se mantenga competitivo y sostenible, recuperando también la demanda de cemento, en horas bajas en los últimos años, como también ocurre con otros indicadores ligados a la construcción.
De acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña y de Fomento del Trabajo Nacional, el déficit acumulado de inversión en infraestructuras económicas y sociales en Cataluña es de aproximadamente 35.000 millones de euros para el período 2009-2020. Además, a lo largo de la última década, cerca de un tercio de las pujas realizadas no se han acabado ejecutando, lo que se traduce en un nivel extremadamente bajo de licitación pública per cápita si lo comparamos con la media europea.
La delegación sectorial expuso al conseller de Territori que desde el pico de 2007, el consumo de cemento ha llegado a caer un 80,96 %, situándose a nivel de los años 60. El consumo actual queda muy lejos de lo necesario en un país moderno y competitivo, como demuestran datos de otros países desarrollados de nuestro entorno, como Alemania. En paralelo, los costes de la energía eléctrica, entre los más altos de la UE, el precio del CO2 y la dificultad para disponer de suficiente cantidad y variedad de combustibles alternativos dificultan la competitividad internacional a través de las exportaciones , que ha sido una solución y ayuda durante anteriores crisis.
Por todo ello, los representantes de Ciment Català advirtieron del riesgo latente de deslocalización de producción hacia territorios y países donde se dispone de mejores condiciones para operar. Ante estos argumentos, el conseller coincidió con los representantes de Ciment Català en que esta situación va en detrimento del buen funcionamiento de la sociedad y la economía catalanas, y en la necesidad de implementar medidas urgentes para ayudar a recuperar la normalidad de un sector esencial y líder en el contexto del país, siempre en un entorno de sostenibilidad y servicios a los ciudadanos.