El Consejo Directivo de Ciment Català, presidido por Salvador Fernández Capo, se ha reunido este 18 de febrero con Jordi Sargatal, secretario de Transición Ecológica del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, para definir las bases de lo que será la cuarta edición del Acuerdo Voluntario. Este convenio entre el Gobierno de Cataluña y la industria del cemento tiene como objetivo promover la eficiencia en el uso de recursos y la transición hacia una economía circular en las fábricas de cemento.
De cara a su renovación, ambas partes mostraron su acuerdo en impulsar políticas y actuaciones que permitan adelantar a 2029 los objetivos previstos para 2030 establecidos en la Hoja de Ruta de descarbonización de la actividad del sector. Esto implicará un incremento sustancial tanto de la valorización energética como del reaprovechamiento material de residuos, entre otras medidas.
Los acuerdos voluntarios son un instrumento de progreso basado en la colaboración entre la Administración ambiental (la Generalitat, en el caso de Cataluña) y las empresas, en línea con la política ambiental de la Unión Europea. En este marco, el 1 de marzo de 2002 ambas partes suscribieron un primer convenio de colaboración que, tras su prórroga, fue sustituido por otro acuerdo, firmado el 15 de diciembre de 2011. El III Acuerdo Voluntario fue firmado el 6 de julio de 2017 y prorrogado hasta 2025, y establece hasta 48 actuaciones concretas de prevención, reducción y control de la contaminación.
Durante la sesión de trabajo también se abordó la extensión en la concesión para la explotación de las canteras ubicadas en la comarca del Garraf, con el fin de garantizar el suministro de materia prima para la fabricación de clínker. Los recursos pétreos son la base, a través de cementos, morteros y hormigones, de infraestructuras tan esenciales para el bienestar social como las del ciclo del agua (captación, depuración, transporte, distribución, recogida, saneamiento), la generación de energía, la movilidad sostenible, el transporte público, la vivienda social eficiente, la protección del territorio, la edificación residencial y no residencial (hospitales, servicios, industria…) o la adaptación al cambio climático, entre otros.
Finalmente, también se hizo hincapié en la necesidad de una mayor simplificación y agilización administrativa en la resolución de los trámites ambientales que afectan a las empresas fabricantes de cemento.