Los costes eléctricos se han convertido, de nuevo, en una gran amenaza para la industria del cemento en Cataluña. Red Eléctrica de España (REE) ha completado el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad a través de subastas competitivas con la asignación de una potencia interrumpible para el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2018 de 2.584, 9 MW. Esto significa un descenso del 13% respecto del año anterior, más de 400 MW sin asignar, un volumen que repercutirá directamente sobre varias fábricas catalanas, que se han quedado sin la asignación de algunos bloques de este servicio.
En la práctica, esto implica unos costes de producción más caros, ya que se dejarán de percibir retribuciones por interrumpibilidad del servicio eléctrico. En el caso de Cataluña, que es la segunda región exportadora de España y, con el bajo consumo interno actual, la de mayor producción, el sobrecoste energético implica perder la ayuda que permitía el acceso a los mercados exteriores. «Conviene recordar que, además, España es uno de los países más caros de Europa en precios de electricidad para consumidores industriales, muy por encima de Alemania o Francia, por ejemplo, y sólo por debajo de mercados geográficamente aislados, como los del Reino Unido o Irlanda«, explica el presidente de Ciment Català, Salvador Fernández Capo.
Esto se añade a que los presupuestos de las empresas se han aprobado hace ya unos meses con el grave inconveniente de hacerlo sin saber el coste eléctrico, que es de especial importancia en el caso del sector del cemento y que depende de la asignación de bloques de interrumpibilidad. «Además de tarde, sólo se han asignado los bloques correspondientes a los cinco primeros meses del año, lo que mantiene la incertidumbre sobre el coste eléctrico a lo largo de todo el próximo año y, por tanto, la rentabilidad real de los contratos de exportación«, recuerda Fernández Capo.
El servicio de interrumpibilidad lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad (como las fábricas de cemento) y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda en momentos de emergencia para el suministro a cambio de una retribución. Este servicio es un punto clave para reducir el importante coste energético del sector y mantener la competitividad de las fábricas catalanas de cemento, que pasa también por la disponibilidad de un volumen más grande de residuos para usar como combustibles alternativos, consiguiendo de este modo rebajar el coste del mix energético global.