La presión fiscal sobre las fábricas catalanas de cemento ha sido objeto de debate en la reunión que representantes del sector mantuvieron el pasado 15 de abril con la Secretaria de Hacienda (y presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña), Marta Espasa, y la Directora general de Tributos de la Generalitat, Natàlia Caba. Directivos de la patronal Ciment Català, y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA y de Fundación CEMA en Cataluña, trasladaron a la Generalitat las dificultades y riesgos para la industria de la aplicación de determinadas políticas fiscales que incrementen la presión sobre el sector del cemento, como el desarrollo de la Disposición final undécima de la Ley 16/2017 del Cambio Climático relativa a un impuesto sobre actividades económicas que generan gases de efecto invernadero (GEI).
Sindicatos y empresas transmitieron que la imposición de tasas sobre las emisiones de CO2, sobrepuesta al mecanismo de mercado decidido por la Unión Europea y que afecta al sector del cemento, pondría al límite de la supervivencia la mayoría de las fábricas. Entre los argumentos que demuestran la inviabilidad de asumir este nuevo esfuerzo fiscal se citaron, por un lado, los incrementos del precio de los derechos de emisión, que rozó los 26 euros por tonelada durante el pasado mes de abril, casi 5 veces más que los 5 € por tonelada de los últimos años, y que no es previsible que baje de nuevo dadas las medidas tomadas al respecto a nivel europeo. Por otro lado, se recordó que el hecho de que las empresas del sector sean multinacionales con plantas de fabricación en varios países, entre los que algunos que no están sometidos al régimen del mercado de GEI, puede provocar la deslocalización de la producción de las fábricas catalanas. Con lo cual no sólo se dejará de recaudar ningún tipo de impuesto por procesos industriales, sino que previsiblemente se generará desempleo y pérdida de la actividad económica en las poblaciones donde ahora están instaladas.
En el fondo del debate subyace también la protección del medio ambiente. En teoría, las iniciativas legislativas que buscan imponer tasas a las emisiones de GEI se consideran un estímulo a la reducción de las emisiones. En la práctica, sin embargo, su inviabilidad generaría el efecto contrario: con el paro o cierre de las fábricas catalanas aumentarían las emisiones de CO2, ya que habría que sumar la del transporte desde terceros países, frecuentemente con instalaciones más contaminantes que las fábricas catalanas, al que se origina durante la fabricación, que se mantendría allí donde sea que se produzca el cemento.