La sesión de trabajo entre el nuevo Gobierno de la Generalitat y los representantes de la industria catalana del cemento, celebrada el 10 de octubre, ha puesto de relieve la coincidencia de planteamientos en ámbitos estratégicos para el sector como son la promoción de la obra pública y el impulso a las estrategias de Economía Circular. En la reunión con el Secretario General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Albert Castellanos, y el Presidente de Infraestructures.cat, Joan Jaume, la delegación de Ciment Català, encabezada por su presidente Salvador Fernández Capo, pidió que se promuevan infraestructuras que mantengan la competitividad del país. También solicitó el apoyo de la administración catalana al uso de combustibles alternativos en las fábricas como una fórmula para luchar contra el encarecimiento del precio de la energía eléctrica, el aprovechamiento de los residuos y el ahorro de combustibles fósiles, mucho más contaminantes que los alternativos.

En este sentido, la Generalitat ha reiterado su firme compromiso con la Economía Circular y está decidida a promover productos y servicios más beneficiosos para el medio ambiente, por ejemplo fomentando el uso de recursos de proximidad que limiten las emisiones de CO2. Sin embargo, las restricciones jurídicas de licitaciones y contratos no siempre facilitan esta voluntad y, de hecho, a menudo impiden avanzar con fuerza en esta línea de trabajo.

Ciment Català ofreció como alternativa para alcanzar estos objetivos medioambientales pedir a las empresas información cuantificada y contrastada, como podrían ser las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o los Distintivos Oficialmente Reconocidos de calidad (DOR). También propuso a la Generalitat que fomente una valorización energética segura de residuos, como pueden ser los casos de los lodos secos de depuradoras o los CDR. El hecho de que sea una práctica habitual en países desarrollados de nuestro entorno (Alemania, Holanda, Suecia …) ofrece seguridad sobre su uso tanto desde el punto de vista ambiental como de la salud.

En la reunión también se analizó la situación del mercado, muy debilitado por el paro que se vive en la construcción de infraestructuras. Según la Gobierno, el contexto económico de la Generalitat va mejorando paulatinamente, y es de esperar que esto se traduzca en inversiones, a pesar de las prioridades ineludibles de sanidad o educación. Su reflejo en obra pública comenzará pronto, pero se materializará con una cierta lentitud en licitación y, sobre todo, en producción. Se prevé que 2019 será un año de transición en el que esta recuperación de la inversión probablemente no quedará todavía patente en la práctica de forma clara. Castellanos también subrayó que, más allá de las circunstancias políticas, debe seguirse el día a día y están previstas reuniones con la administración del Estado para temas económicos y de inversiones, tales como el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña.