El pasado 3 de octubre, representantes de la Dirección General de Industria de la Generalitat y de Ciment Català se reunió para tratar la situación actual del sector del cemento en Cataluña y sus principales preocupaciones, en buena parte relacionadas con la descarbonización del sector y su hoja de ruta 2050 para alcanzarla.
Por parte de la Generalitat, asistieron el director general de Industria, Oriol Alcoba, y el coordinador de proyectos de la Dirección General, Albert Ballbé. En cuanto a Ciment Català, estuvo encabezada por el presidente, Salvador Fernández Capo e incluyó representantes de las cuatro empresas que operan en Cataluña, Cemex, Cementos Molins, Cementos Portland Valderrivas y Holcim.
La reunión se inició con una presentación de la situación del sector del cemento en Cataluña, incluyendo datos estadísticos. Después, aparte del tema de descarbonización del sector, incidiendo en particular en el uso de combustibles alternativos, su importancia y las dificultades prácticas existentes, la reunión se enfocó en aspectos normativos especialmente relevantes para el sector. Uno de ellos fue el Plan de cierre y desmantelamiento de incineradoras, que debe poner fin a la actual moratoria a tramitaciones de expedientes de nueva construcción o ampliación de infraestructuras de valorización o el posible nuevo impuesto sobre las emisiones de CO2 de las actividades económicas previsto en la Disposición Final undécima de la Ley 16/2017 del Cambio Climático, que puede ser muy perjudicial para el sector, además de implicar una doble imposición.
El actual déficit de inversión en infraestructuras, necesarias para tener un país sostenible y competitivo fue otro de los problemas que se pusieron sobre la mesa. Se compartieron datos del consumo de cemento en Cataluña respecto al total en España y en comparación, per cápita, en el de países europeos desarrollados, que pusieron en evidencia que los de aquí son claramente insuficientes para un país que quiera ser puntero en Europa y en el Mundo.
También se compararon las cifras de valorización de residuos con las de otros países europeos. La conclusión es que Cataluña tiene una capacidad limitada de valorización debido a la poca variedad de residuos autorizados a valorizar. Un ejemplo son los residuos categorizados como peligrosos, como los aceites usados y los disolventes, los cuales sí están autorizados en otras comunidades autónomas y países.
Por último, Ciment Català se comprometió a transmitir a la Dirección General de Industria toda la información disponible en torno a la descarbonización del sector y, concretamente, de las tecnologías de captura, uso, transporte y almacenamiento del CO2. Asimismo, ambas partes acordaron mantenerse en contacto de forma regular por estar al corriente de posibles novedades o temas de interés.