La necesidad de ampliar el catálogo y las cantidades de combustibles alternativos para las fábricas de cemento, el camino que seguirán para conseguir la neutralidad climática en 2050 o el impulso de la Generalitat en la construcción de las infraestructuras que necesita el país son las temáticas que centraron la sesión de trabajo que una representación de Ciment Català mantuvo el pasado 28 de junio con Natàlia Mas, directora general de Industria. La exposición de la delegación sectorial -encabezada por el presidente de la entidad, Salvador Fernández Capo– obtuvo una alta receptividad por parte de Mas, que reconoció también el compromiso de la industria por la mejora y protección del entorno ambiental. Un compromiso que se hace patente con los más de 160 millones de euros invertidos en este ámbito en lo que llevamos de siglo XXI, y con las actuaciones que prevé la aplicación de la Hoja de ruta para conseguir la neutralidad climática al 2050.

La delegación de Ciment Català presentó a la Generalitat un resumen de la situación del sector en la coyuntura actual, marcada por un exorbitante incremento de los precios de la electricidad y del precio de los derechos de emisión de CO₂, que han hecho aumentar los costes de producción con la consiguiente pérdida de competitividad. También se recordó el retraso en el cumplimiento de los objetivos de valorización energética de residuos a fábricas de cemento previstos en el Acuerdo Voluntario (se tenía que lograr el 60% de sustitución de combustibles fósiles en 2020, pero, actualmente, todavía no se llega al 50%).

La reunión también sirvió para analizar los efectos que pueden tener para la industria del cemento varias iniciativas legislativas actualmente en trámite. Por un lado, la disposición final undécima de la Ley 16/2017 relativa la creación de un nuevo impuesto por el comercio de derechos de emisiones y con riesgo de escape de carbono que podría generar una deslocalización de actividades productivas que, a su vez, puede significar incrementos de emisiones (actividad y transporte), aparte de la destrucción del tejido industrial propio y los puestos de trabajo asociados. Por otro lado, el anteproyecto de Ley de prevención y gestión y uso eficiente de residuos y la moratoria a nuevas instalaciones de incineración.

En todos los casos, Generalitat y Ciment Català coincidieron en la necesidad de implementar medidas para ayudar a recuperar la normalidad a un sector, el del cemento, de tradición centenaria en Cataluña que hoy, sin embargo, se ha convertido en un pionero en la industria catalana por haber conseguido la máxima eficiencia energética, haber ofrecido puestos de trabajo de alta calidad con contrato indefinido y por ser uno de los más proactivos en la implantación de los principios de la Economía Circular.