La Agrupación de Fabricantes de Cemento de Cataluña, Ciment Català, ha expresado su apoyo explícito a la reclamación formulada por la patronal catalana Foment del Treball para que se ejecute la inversión prevista en infraestructuras, y se aceleren las inversiones pendientes que permitan recuperar el déficit de inversión que sufre Cataluña. El apoyo de Ciment Català se produce después de que se haya hecho público que el grado de ejecución de inversiones reales en Cataluña para el año 2021 ha sido sólo del 35,8%, la cifra más baja de todo el Estado español.
La inversión ejecutada en 2021 en Cataluña dista mucho de la inicialmente presupuestada, cuestión recurrente en los últimos años. Los datos publicados por la Intervención General del Estado el pasado 30 de mayo indican que en Cataluña la ejecución presupuestaria del Estado y su sector público para el año 2021 ha mantenido la senda de la última década, caracterizada por el incumplimiento sistemático de los presupuestos iniciales, y por un volumen efectivo de inversión que en ningún ejercicio ha alcanzado los 1.000 millones de euros. En Cataluña, de los 2.068,1 millones de crédito inicial de inversión aprobada en 2021, el Estado sólo ha ejecutado 739,8 millones de euros, el equivalente al 9% regionalizable, lejos del 19% del peso en el PIB estatal.
Los directivos de las empresas catalanas han mostrado su preocupación por esta situación de bajos niveles de ejecución de inversiones, puesto que la reclamación de Foment también cuenta con el apoyo de la patronal Pimec y de la Cámara de Comercio de Barcelona. En este sentido, el presidente de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, considera que es necesario exigir que se aceleren las inversiones pendientes porque son “urgentes y necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad y la economía”. Un estudio de Foment cuantifica el déficit acumulado de inversión en Cataluña en 35.000 millones. Resulta conveniente mencionar que este déficit no sólo incluye la administración del Estado, sino que se refieren al conjunto de las administraciones públicas con competencias sobre el territorio catalán.