El balance final de 2020 ha puesto de manifiesto las dificultades que pasa la industria catalana del cemento, con una caída del consumo del 10,6% en el mercado doméstico para un total de 2 millones de toneladas, que históricamente se corresponde con las consumidas en el año 1968. Este descenso se puede atribuir a los efectos sobre la actividad de la pandemia del Covid-19 que, especialmente en los meses con más incidencia de marzo y abril, paralizó las obras en curso.
En este contexto, la previsión para el 2021 se convierte en incierta: en la parte positiva, se espera una progresiva vuelta a la normalidad a medida que se vaya superando la situación actual; en la parte negativa, se teme que las actividades económicas no se reanuden con la fuerza necesaria y a tiempo, de forma que la recuperación llegue con retraso. Pero sobre todo, la incertidumbre de 2021 para el sector viene determinada «por la caída de la licitación pública y de visados de obra nueva de vivienda que se produjo el año pasado», afirma Salvador Fernández Capo, presidente de la patronal Ciment Català.
El directivo considera que «si las administraciones públicas no dan un impulso efectivo a la licitación de nuevas infraestructuras, la continuidad de la actividad en la industria del cemento quedará muy amenazada». También recuerda que «la construcción es el sector que más rápidamente genera empleo y actividad económica, con una media de creación de 14 puestos de trabajos por cada millón de euros invertido». La recuperación económica del conjunto del país depende «de forma directa de la recuperación de la inversión en obra pública y de la promoción e inversión privada en viviendas», remacha Fernández Capo. En este sentido, reitera la necesidad de diseñar políticas de vivienda como una fórmula para recuperar la actividad económica y, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales de este sector (un 70% del parque de viviendas es anterior al 1980 y no cumple las normas de aislamiento, sostenibilidad y eficiencia energética).