Generalitat y sector del cemento se mostraron de acuerdo en la necesidad de impulsar la obra pública en Cataluña y también en el apoyo a políticas energéticas más beneficiosas medioambiental y empresarialmente durante una sesión de trabajo celebrada el 19 de marzo. La reunión, encabezada por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà, el director general de Infraestructuras de Movilidad, Javier Flores, y el presidente de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, sirvió para poner en común la problemática que afecta a la industria en Cataluña. Generalitat y sector coincidieron en que la recuperación de las fábricas de cemento ayudará a consolidar el tejido industrial de Cataluña en un tiempo de terciarización de la economía que, en muchos casos, conlleva precariedad en el empleo.

Durante el encuentro, los representantes del sector mostraron su desacuerdo con iniciativas legislativas que implican una doble tasación, como la Propuesta de resolución presentada recientemente por el Grupo Parlamentario de Catalunya en Comú Podem sobre grandes instalaciones de combustión o la Disposición final undécima de la Ley 16/2017, del Cambio Climático. Estos proyectos legislativos ponen claramente en riesgo la continuidad del sector con la deslocalización de la producción. La industria cementera ya está sujeta, por decisión de la UE, en el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las dificultades que atraviesa la industria, afectada tanto por el bajo consumo de cemento como por los costes energéticos, hacen imprescindible un cambio de tendencia: en 2018, el gasto asignado según presupuestos de las administraciones públicas a inversión en infraestructuras ha sido la más baja de los últimos 25 años. Ciment Català expuso también que, en este contexto, las exportaciones son hoy esenciales para mantener la actividad. La disponibilidad y autorización de combustibles alternativos en línea con los países desarrollados de nuestro entorno son clave para ser más competitivo en los mercados exteriores.

Ambos interlocutores coincidieron, finalmente, con el objetivo de asegurar la calidad, durabilidad y la protección del medio ambiente, es necesario utilizar cada vez más información o parámetros no económicos en la licitación de obra pública, tendiendo así a criterios de sostenibilidad y Economía circular.