Los sindicatos CCOO y UGT-FICA y la patronal Ciment Català, bajo el amparo de Fundación CEMA y la CASA Cataluña, están desarrollando un amplio programa de reuniones con grupos políticos del Parlamento de Cataluña y también a nivel de consejerías de la Generalitat para denunciar la injustificada presión fiscal que pueden sufrir las fábricas catalanas de cemento. En concreto, trabajadores y empresarios muestran su rechazo a la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario de Cataluña En Comú – Podem sobre grandes instalaciones de combustión, que promueve una nueva tasa sobre las emisiones de CO2. Y también se pide reorientar y modificar la Disposición final undécima de la Ley 16/2017 del Cambio Climático relativa a un impuesto sobre actividades económicas que generan gases de efecto invernadero.
Los argumentos sectoriales explican la inviabilidad de aplicar la tasa sobre las emisiones de CO2, ya que su importe superaría el del conjunto de nóminas de todos los empleados de cada fábrica. Además, se considera que la Propuesta de resolución se fundamenta sobre cálculos incorrectos, porque compara de manera errónea las emisiones de las plantas cementeras con sólo una pequeña parte del conjunto del parque móvil de vehículos. Sindicatos y patronal afirman que si el proyecto legislativo acaba prosperando se producirá la deslocalización y posterior cierre de fábricas, con la consiguiente pérdida de actividad económica, de tejido industrial y de puestos de trabajo de calidad y mayoritariamente con carácter indefinido. Además, se daría la paradoja de que si las fábricas cierran no se recaudará ningún tipo de impuesto, por la inviabilidad de su pago, y las emisiones de CO2 crecerán en llevar el cemento del exterior.
Por todo ello, se reclama la retirada de la Propuesta de resolución y del proyecto de tasación y evitar, de este modo, dobles imposiciones, ya que las emisiones de las fábricas de cemento están ya sujetas al mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el mecanismo que la UE decidió hace más de quince años como el más eficaz en este caso, en vez de aplicar tasaciones arbitrarias. Asimismo, se pide a los interlocutores un apoyo a una industria que con la valorización energética de residuos -una actividad segura para la salud y el medio ambiente según demuestra su práctica en países desarrollados de nuestro entorno- contribuye a una correcta gestión de los residuos ya la eliminación de los vertederos.
Las sesiones informativas realizadas entre finales de marzo y principios de abril se han realizado ante los consejeros de Empresa y Conocimiento y de Trabajo y Asuntos Sociales, Mª Àngels Chacón i Chakir el Homrani respectivamente. Y también con los grupos parlamentarios de En Comú-Podem, del Partit Socialista de Catalunya (con su líder Miquel Iceta) y del Partit Demòcrata de Catalunya (con su presidente David Bonvehí).