En la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario para la eficiencia en el uso de los recursos, y la transición hacia una Economía Circular de la industria catalana del cemento se informó que, en 2022, la industria cementera catalana invirtió 4.4 M€ en mejoras ambientales, una cifra que tiene una tendencia creciente desde 2016. Estas inversiones históricas justifican que todas las instalaciones del sector en Cataluña hayan cumplido en un 100%, un año más, los objetivos ambientales de sus emisiones a la atmósfera y, por tanto, se adaptan a las determinaciones de la Decisión de Ejecución de la Comisión UE 2013/163/UE y no superan los niveles de emisión asociados al uso de las mejores técnicas disponibles establecidas por la Unión Europea.

Estos son algunos de los datos recogidos por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario entre Ciment Català y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en la reunión que celebraron el pasado 8 de junio, durante la cual aprobaron los resultados del Informe Agregado de 2022. Este Acuerdo, con distintas denominaciones, está en vigor sin solución de continuidad desde 2002.

El documento resumen expone que las principales inversiones en 2022 se han dedicado a la valorización de residuos, con ahorros de materias primas naturales y de emisiones de CO2, a la mejora de la eficiencia energética ya la reducción del impacto visual.

Por su parte, el nivel de sustitución energética sigue aumentando, encontrándose en 2022 al 45,82%. Por su parte, la valorización material también ha aumentado, haciendo que las toneladas evitadas de explotación de residuos naturales se hayan incrementado de manera significativa.

Durante la reunión, Ciment Català aportó una breve presentación de la actualidad de la industria cementera, tanto por lo que representa en cifras dentro del ámbito económico catalán, como por los procesos de producción del cemento y la implicación del sector para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

La Comisión, que estuvo encabezada por la directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno, Mireia Boya, y Salvador Fernández, presidente de Ciment Català, contó también con la participación de otros representantes de la Generalitat implicados en la lucha contra el cambio climático y de las empresas del sector del cemento.