Los primeros 12 meses de pandemia del Covid-19 han provocado un descenso del consumo de cemento en Cataluña del 5,1% (período abril de 2020-marzo de 2021). La parálisis de actividades económicas como consecuencia de los sucesivos estados de alarma y confinamientos ha frenado la leve recuperación desde los mínimos de 2014 con una caída de las ventas que, si bien no es exagerada, sí que agrava los problemas de una industria que trabaja para el mercado doméstico a sólo el 30% de su capacidad operativa.
Además, las perspectivas en el corto plazo son bastante desalentadoras vista la tendencia que muestran indicadores como la licitación oficial o los visados de edificación. La licitación pública se ha reducido un 4% en los 2 primeros meses de 2021, y un 17,5% en el último año, mientras que la superficie visada para la Construcción acumula descensos del 12,1% y del 19,8% respectivamente.
En esta coyuntura, Ciment Català urge a las administraciones públicas, y en particular al Gobierno de la Generalitat, a reactivar la obra pública que el país necesita para ser competitivo y así, al mismo tiempo, evitar una reestructuración en el sector y que tenga que cerrar alguna de las plantas cementeras ubicadas en Cataluña. Esta situación se ve agravada por otro problema adicional, derivado de los derechos de CO2.
Como explica el presidente de la patronal, Salvador Fernández Capo, la asignación de derechos de emisión gratuitos al sector el 2021 por parte de la UE «se ha reducido un 28% y, simultáneamente, el precio de los derechos de CO2 supera los 40 euros por tonelada». Estos costes, que no tienen países de fuera de la UE, encarecen la producción y dificultan mucho la exportación, la tradicional vía de salida de la industria catalana en tiempos de crisis. Con estas perspectivas, la continuidad de alguna de las fábricas se ve seriamente amenazada.