El avance de datos estadísticos del sector del cemento correspondientes al mes de octubre de 2019 confirma la pérdida de competitividad de la industria catalana, que sufre una caída del 18% de las exportaciones en el último año, con un total de 2,1 millones de toneladas. Este será el cuarto ejercicio consecutivo de descenso de las exportaciones, que tradicionalmente han sido una vía de supervivencia de las fábricas en periodos de bajo consumo interno, como es el actual. El precio de la electricidad industrial (el segundo más caro de Europa), y los costes de los derechos de emisión de CO2, próximos a los 30 euros por tonelada, aparecen como causas principales de la limitada capacidad de acceso a los mercados internacionales.
La situación del sector no presenta perspectiva de mejoras en el corto plazo. De entrada, las previsiones de consumo de cemento en el mercado doméstico para 2020 señalan una disminución respecto a este 2019. Esto sitúa el consumo anual per cápita en Cataluña en torno a los 240 kg / habitante, muy lejos de la media europea, que es de 362 kg. Para hacer frente a este volumen de actividad tan escaso y entrar en una senda de estabilidad sectorial, la industria reitera la necesidad de que las administraciones públicas catalana y española aprueben presupuestos para poner en marcha la construcción de nuevas obras públicas y el mantenimiento de las que ya existen. Urgen planes de inversión que permitan al país disponer de infraestructuras capaces de dar respuesta a los retos de la economía y a las necesidades de empresas y ciudadanos.
En paralelo, las fábricas catalanas reclaman un aumento de la variedad y cantidad de residuos que se pueden aprovechar energéticamente para reducir sus costes de producción y, recuperar, así, la competitividad internacional que han perdido en los últimos años. Precisamente, este mes de noviembre, Ciment Català se ha reunido con la Generalitat para la revisión del Acuerdo Voluntario para la eficiencia en el uso de los recursos, y la transición hacia una Economía Circular. Como explica Salvador Fernández Capo, presidente de la patronal cementera, «nuestra industria sufre verdaderas dificultades para cumplir el objetivo de aumentar el porcentaje de uso de combustibles alternativos, por la falta de variedad de residuos que se puedan valorizar energéticamente». El uso de combustibles alternativos ayuda las fábricas de cemento no sólo a disminuir su factura energética, sino que mejora su conducta ambiental -la biomasa reduce las emisiones de CO2– y asegura el cumplimiento de sus compromisos con las políticas de Economía Circular, una apuesta estratégica del sector cementero catalán.