El Consejo Directivo de Ciment Català ha desplegado un programa de visitas y reuniones con los miembros de los diferentes partidos políticos representados en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlamento de Cataluña. Este programa, iniciado el pasado mes de noviembre, está orientado a explicar en sede parlamentaria la situación del sector y las actividades que está desarrollando para reducir los impactos ambientales y sobre el entorno natural de su actividad industrial. Entre otras actuaciones, se informa a los parlamentarios de las inversiones en instalaciones (desde filtros hasta tecnología), de la sustitución energética para el ahorro de combustibles fósiles, de la valorización material de residuos o de los proyectos de restauración de canteras. Todas estas acciones ayudan a mejorar aún más la conducta ambiental de las plantas de producción y, en muchos casos, suponen una contribución a la sociedad en su conjunto, como en la problemática gestión de residuos.

El programa de sesiones de trabajo en el Parlamento se enmarca en la política de transparencia informativa del sector. Precisamente, en cada reunión se ofrece a los interlocutores políticos la opción de efectuar una visita a una fábrica de cemento, para que puedan comprobar in situ el nivel de ejecución de las actuaciones antes citadas.

Los encuentros con parlamentarios permiten abordar también diferentes cuestiones que afectan a la industria. Entre las de más actualidad cabe citar la situación del mercado en Cataluña, muy lastrado por la falta de inversión pública en nuevas infraestructuras y en proyectos de mantenimiento de las que ya existen. También se transmite las objeciones que el sector pone a algunos aspectos del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que está tramitando el Parlamento de Cataluña. Algunas de las disposiciones previstas en el nuevo texto normativo pueden limitar la competitividad de las fábricas catalanas, en un momento delicado para la situación del mercado doméstico, hasta el punto de amenazar su continuidad. Paradójicamente, una eventual deslocalización de la industria cementera catalana podría provocar el perverso efecto de una mayor contaminación, ya que obligaría a importar cemento desde el exterior, con el consiguiente impacto ambiental derivado del transporte.