La crisis de la industria catalana de cemento, que parecía haber remitido después de 4 años de recuperación del consumo del mercado doméstico, se encuentra con un nuevo frente de amenazas debido a la falta de competitividad en los mercados internacionales. En los últimos 12 meses, las exportaciones de cemento y clínker han disminuido en más de 629 mil toneladas, un 23%. Estos datos interanuales, cerrados a 31 de agosto, confirman una tendencia apuntada durante todo 2019. La situación de la balanza comercial se ve agravada, además, por el fuerte incremento registrado en las importaciones, que se han multiplicado por 13 en el último año.

La principal causa de esta pérdida de competitividad radica en la falta de apoyo, desde las administraciones públicas, a las políticas de Economía Circular que impulsa el sector. La necesidad de disponer de más cantidad y variedad de residuos para ser aprovechados energéticamente -evitando así también el consumo de combustibles fósiles y el consiguiente impacto medioambiental- aparece como un factor decisivo. Conviene recordar que el sector del cemento es intensivo en el consumo de energía, siendo este uno de los principales costes de producción. Si, además, como ocurre actualmente, el precio de la electricidad industrial en España está disparado (es el segundo más caro de toda Europa), la afectación sobre las empresas se traduce en esta menor competitividad.

La capacidad exportadora ha servido tradicionalmente para mantener la actividad de la industria catalana del cemento en períodos de crisis en el mercado interior. En el último año, sin embargo, las exportaciones han caído por debajo del consumo doméstico. Además, ahora están castigadas por el precio de los derechos de emisión de CO2, que han superado los 27 € la tonelada, lo que penaliza las fábricas catalanas ante las de países que está fuera del mercado de Gases de efecto invernadero (GEI) y que, por tanto, no deben asumir estos costes ambientales.

A este escenario hay que sumar el hecho de que las inversiones en infraestructuras continúan en mínimos. Para el presidente de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, la inestabilidad política “genera una doble problemática: por un lado, hay muy poca acción de gobierno, lo que se traduce en una falta de iniciativas y proyectos. Por otro lado, seguimos, en Cataluña y en España, con presupuestos prorrogados desde 2017”. El presidente de los cementeros opina que “es imprescindible la aprobación y aplicación de nuevos presupuestos a las administraciones públicas que contemplen planes de inversión en infraestructuras. Esto serviría también para frenar la desaceleración económica que se viene anunciando en los últimos meses”.