Las cuatro empresas agrupadas en Ciment Català han pedido a la Generalitat que a la hora de reformular y eventualmente incrementar las cargas fiscales de todo tipo, y en particular ambientales, que últimamente se está planteando en el Govern, se tenga muy en cuenta la grave situación económica que continúa sufriendo la construcción en general y el sector del cemento en particular.
En este marco, una delegación del Consejo Directivo de Ciment Català se reunió el pasado 2 de octubre con las Direcciones generales de Tributos y Juegos y de Promoción Económica, Competencia y Regulación y la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Generalitat (Marta Espasa, Albert Castellanos y Natàlia Caba) para transmitirles que posibles aumentos de presión impositiva pueden tener consecuencias muy negativas para el futuro, e incluso para la viabilidad del sector del cemento.
Ciment Català expuso que un hipotético incremento de la presión fiscal puede comportar un efecto contrario al aumento de la recaudación o la mejora ambiental inicialmente planteado, promoviendo la deslocalización de la producción a fábricas más competitivas pero menos eficientes y más contaminantes. El sector considera que se penaliza claramente la producción en Cataluña en favor de la producción fuera, con más contaminación, hecho que es difícil de encajar con los principios del Pacto Nacional por la Industria.
Por todo ello, solicitó a la Generalitat una reconsideración de los contenidos de sus iniciativas, puesto que la imposición de nuevas tasas puede fácilmente dar lugar a deslocalizaciones de producción, con incrementos netos de contaminación y pérdida de actividad interna. Esto también afectará a las exportaciones, esenciales para mantener la actividad. También, reclama la disponibilidad y autorización de combustibles alternativos -en línea con los países desarrollados de nuestro entorno- para ser más competitivos. Es básico incrementar tasas para abocar residuos y no aplicar más impuestos al sector.