Los avances estadísticos provisionales correspondientes al mes de enero de 2020 sobre el sector del cemento muestran un retroceso del 13% del consumo en Cataluña, con poco más de 157 mil toneladas. La cifra es aún peor en cuanto a la producción, que cae un 25% en el mismo período, con 180 mil toneladas. En el registro del año móvil (que mide los 12 últimos meses), el consumo se sitúa en 2,1 millones de toneladas y la producción en 3,2 millones, pero resulta significativa la fuerte caída de las exportaciones (un 22% inferiores al año anterior).

La situación del sector se explica, por una parte, por el incremento de costes en la energía eléctrica y de los derechos de emisión de CO2, que penalizan la competitividad de las empresas catalanas y, en consecuencia, su acceso a los mercados exteriores. Por otra parte, la atonía del mercado interior provoca que el consumo continúe a niveles de los años 60. Y esto es debido, principalmente, a la cronificada falta de inversión en infraestructuras: conviene recordar que, según el informe de la CCOC, la licitación oficial de obras en Cataluña el 2019 alcanzó los 1.947 millones de euros, una cifra muy inferior todavía a la media histórica (unos 3.750 millones anuales en el periodo 2000-2019).

Salvador Fernández Capo, presidente de Ciment Català, reclama una vez más que “cada una de las administraciones apruebe presupuestos que confirmen un incremento de la inversión en obras públicas”. Recuerda que la licitación mínima y recurrente en infraestructuras debería ser del 2,2% del PIB (unos 5.400 millones anuales), de acuerdo con la media histórica de los principales países europeos. En Cataluña, el 2019, ni siquiera ha llegado al 1% del PIB. Y a esto hay que añadir el hecho de que no todas las licitaciones se acaban materializando en obras.

El presidente de la patronal catalana asegura que la industria del cemento “está preparada para afrontar el abastecimiento necesario para la construcción y mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el transporte y la movilidad, con el tratamiento de los residuos o el saneamiento y la depuración del agua” entre otros ámbitos. Y concluye insistiendo en la necesidad de invertir en un país más seguro y menos vulnerable ante los impactos y los riesgos del cambio climático.